La comisión asesora del Priva resuelve 39 casos en su primer año de trabajo

En su primer año de trabajo, la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA) ha resuelto 39 casos. Todos ellos son expedientes sin recorrido legal, por la prescripción del delito o por la muerte del victimario, pero que la Conferencia Episcopal Española y la CONFER se comprometieron a atender a pesar de que la ley no los obligaba a ello.

En todos los casos ahora finalizados, el organismo ha emitido «una propuesta de reparación integral cuya cuantía oscila entre los 3.000 y 100.000 euros —en función de la gravedad, las consecuencias y las circunstancias que concurrieron en el abuso— , además de otra serie de conceptos de reparación en especie y de compromisos por parte de las instituciones», ha explicado el PRIVA en un comunicado.

Hasta el momento han llegado a la comisión 89 solicitudes de reparación integral, de las que 32 pertenecen a casos en diócesis y 57 a casos sucedidos en el seno de congregaciones religiosas. La mitad ya se han resuelto y el resto «están a la espera de la recepción de los informes correspondientes de parte de las instituciones eclesiales —diócesis o congregaciones religiosas—, con las aportaciones de las víctimas».

Una vez que la comisión dispone de toda la documentación se empieza a trabajar en la propuesta de reparación integral, una labor que no se ha alargado en la mayoría de los casos más de tres meses. El dictamen final con la propuesta de reparación se envía a la autoridad correspondiente de la institución eclesial donde se ha producido el abuso (obispo o superior religioso), para que se lo transmita a la víctima. En caso de que esta reparación no pueda realizarse, son la Conferencia Episcopal Española o CONFER quienes responden subsidiariamente.

En este primera año de trabajo, la comisión asesora también ha trabajado en la elaboración de su reglamento de actuación, en los baremos aplicables para las indemnizaciones y en el diseño de los documentos y el método para realizar la solicitud y el procedimiento. «Con este modelo propio se busca garantizar la independencia y el rigor en la reparación y evitar así la revictimización».

La comisión está formada actualmente por diez miembros procedentes de distintos ámbitos: un representante de la Conferencia Episcopal Española y uno de CONFER; y otros ocho profesionales independientes (cuatro del ámbito de la carrera judicial y fiscal, de cuerpos jurídicos al servicio del Estado y de la universidad; y cuatro terapeutas con experiencia de atención a víctimas de abusos). Estos miembros, que ofrecen su servicio de manera voluntaria, basan su trabajo en la experiencia, la independencia y el respeto a la integridad y la privacidad de la víctima solicitante de reparación, «poniendo especial celo para evitar que el proceso genere un mayor sufrimiento a las víctimas», concluye la nota del PRIVA.