¿La huelga general ha dinamitado el contrato social que la patronal y los sindicatos propusieron al Papa?

—Ante el Papa usted defendió que la inteligencia artificial podía permitir «reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida» y que el nuevo contrato social debía construirse desde «la equidad y la justicia». Hoy UGT convoca una huelga general porque, precisamente, muchos trabajadores dicen que aunque tengan empleo no pueden acceder a una vivienda digna con su salario. ¿No significa eso que el problema ya no es solo cuánto trabaja una persona, sino si el trabajo le permite realmente vivir con dignidad? Y, si es así, ¿ha fracasado el actual contrato social?
—Lo que demuestra esta situación es que con los salarios que tenemos, no se está garantizando que la gente trabajadora pueda desarrollar un proyecto de vida digno. El trabajo sigue siendo la principal herramienta de inclusión y de progreso, pero necesita estar acompañado de derechos efectivos. No basta con crear empleo. El empleo tiene que ser de calidad y debe permitir vivir con dignidad. Y hoy demasiadas personas, especialmente jóvenes y familias trabajadoras, ven cómo el alquiler o la hipoteca se comen su salario.

De ahí la necesidad de un nuevo contrato social. Porque las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales exigen nuevas respuestas. La digitalización, la inteligencia artificial o los cambios en el mercado de trabajo deben servir para repartir mejor la riqueza y mejorar la calidad de vida de la gente.

Y la vivienda forma parte de ese debate. Las casas están para vivir, no para especular. Cuando alguien trabaja y aun así no puede acceder a una vivienda digna, las instituciones públicas tienen la responsabilidad de actuar. Precisamente por eso la huelga general es también una oportunidad para situar en el centro del debate el que probablemente sea hoy el principal problema de nuestro país. Porque una sociedad no puede normalizar que haya trabajadores que, pese a tener empleo, no puedan permitirse una vivienda. Ese es el problema de fondo y por eso convocamos esta huelga.

—Ante el Papa usted habló de la empresa como una comunidad de personas, del trabajo como expresión de dignidad y del diálogo social como camino para construir el bien común. En un momento en el que vuelven a crecer las tensiones entre empresarios y trabajadores y se ha convocado una huelga general, ¿qué responsabilidad corresponde a cada parte para preservar ese bien común?
—Diría que más que tensiones entre empresarios y trabajadores, lo que se está planteando es una huelga política, que nada tiene que ver con un conflicto laboral. Creo que la convocatoria de huelga no refleja la realidad de las empresas, no es una expresión real del día a día en los centros de trabajo. En ese sentido, si hablamos de responsabilidad de cara a preservar el bien común, creo que tanto unos como otros debemos rebajar el nivel de crispación que se pueda generar con estas convocatorias, apostar por el diálogo en todo espacio que se necesite, y por la colaboración. Calentar la calle, como he dicho estos días, no beneficia a nadie en el fondo. Poner sobre la mesa aquello que se quiera tratar, debatir y llegar a los acuerdos necesarios, eso sí beneficia a todos.

—Usted dijo ante el Papa que «la regulación del trabajo requiere de actores sociales y democráticos» y reivindicó el diálogo social como instrumento para «renovar un contrato social para el siglo XXI». Ahora CCOO impulsa una huelga general, además por una cuestión —la vivienda— que trasciende el ámbito estrictamente laboral. ¿La huelga general es, en este caso, un fracaso del diálogo social o es precisamente una herramienta para recuperar ese contrato social que usted reclamaba ante el Papa?
—Yo diría que es la expresión más clara de que el contrato social del siglo XXI no es solo recuperar los pilares del propio del siglo XX, sino ampliarlos. Vivienda y cuidados son las claves.

—Usted cerró el encuentro con el Papa con una frase muy clara: «cuanta más tecnología tengamos, más humanidad necesitaremos», y defendió que el diálogo social permite construir «soluciones equilibradas» y que «empresa y trabajadores avanzan juntos». Ahora, sin embargo, trabajadores y empresas vuelven a estar enfrentados ante una huelga general. ¿Qué responsabilidad tiene también la empresa en que una persona que trabaja pueda acceder a una vivienda, formar una familia y desarrollar un proyecto de vida? ¿Dónde termina la responsabilidad del Estado y dónde empieza la de la empresa?
—Las pymes tienen una función social más allá de la propia actividad productiva de generar riqueza y empleo. Con su presencia en todos los territorios contribuyen a generar cohesión y a que sus trabajadores puedan construir un proyecto de vida. Sin embargo, no puede trasladarse a la empresa —y menos aún a las pymes, que operan con márgenes y recursos limitados— la obligación de resolver el acceso a la vivienda. 

El precio, la disponibilidad y la localización de la vivienda dependen principalmente de políticas públicas de suelo, oferta, alquiler, fiscalidad, transporte y seguridad jurídica. Los pequeños empresarios, como ciudadanos, sufrimos en igual medida que el resto los problemas de acceso a la vivienda, pero no está en nuestra mano la solución a dichos problemas.

En las circunstancias actuales, las pymes no tienen márgenes para incrementar los salarios, unas subidas que además se trasladarían a precios, con el consiguiente incremento de la inflación y pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta además que, tal como señala la OCDE, España está entre los países con una fiscalidad más alta al trabajo, lo que incrementa los costes laborales, que soportan las empresas, y que han crecido en torno al 24 % en los últimos cinco años. 

—¿Dónde termina la responsabilidad del Estado y dónde empieza la de la empresa?
—La responsabilidad principal del Estado es crear las condiciones para que exista vivienda suficiente y asequible: aumentar la oferta, agilizar licencias, movilizar suelo, impulsar vivienda pública y alquiler accesible, garantizar seguridad jurídica, etc. 

Nuestra responsabilidad como empresarios es comprometernos con el desarrollo de la actividad productiva y la creación de empleo, dentro del contexto normativo que regula la misma y contribuir desde este compromiso a generar las condiciones que permitan la mejora de la calidad de vida y el mantenimiento del estado de bienestar, todo ello garantizando la viabilidad de las empresas y su competitividad. 

Pedir a las empresas que compensen mediante salarios o beneficios sociales el encarecimiento de la vivienda puede comprometer la competitividad, el empleo y la propia supervivencia de muchas pymes. Como ya he comentado, los márgenes de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, dificultan mayores incrementos salariales y la fiscalidad sobre los rendimientos del trabajo incrementa los costes laborales sin que ese esfuerzo se traduzca íntegramente en una mayor renta disponible para los trabajadores. La solución exige corresponsabilidad y diálogo, y en esta tarea estamos dispuestos a aportar nuestra parte, pero sin comprometer la viabilidad de nuestras empresas, que son, en definitiva, motor de la economía y garantía de prosperidad para el futuro.