Ordenan al Gobierno de Pakistán investigar los abusos de la ley antiblasfemia

Hace unos días Amir Joseph Paul, un católico pakistaní de 60 años, fue a una tienda a comprar. Allí entabló una conversación con el dueño sobre cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, el tendero no tardó en llamar a líderes religiosos musulmanes para acusarle de hacer comentarios ofensivos contra el profeta Mahoma. A pesar de que otras personas presentes en el local negaron que fuera así Paul, hermano de un sacerdote, fue detenido inmediatamente.

Este reciente caso «demuestra una vez más la manipulación de la ley, usada para vendettas privadas», señala a Fides su abogada, Aneeqa Maria Anthony, de la ONG The Voice Society. Por ello, los defensores de los derechos de las minorías en Pakistán han agradecido la decisión del Tribunal Superior de Islamabad que ordena al Gobierno crear una comisión para investigar los abusos de las leyes antiblasfemia en el país. «Es un avance positivo que los grupos extremistas temen», asegura a EFE la abogada Imaan Mazari-Hazir, que lucha contra estos casos.

La decisión, anunciada hace unas semanas, llega después de que en junio un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) denunciara que estas normas «perpetúan la discriminación y son usadas para atacar a los pobres y a las minorías». La ley antiblasfemia «niega la igualdad ante la ley a los no musulmanes y facilita la violencia contra cualquier persona acusada de este delito». Además «se ha utilizado durante mucho tiempo para llevar a cabo venganzas personales y perseguir a miembros de comunidades religiosas minoritarias». 

El fenómeno se agrava si se tiene en cuenta que «una simple acusación de blasfemia puede significar una sentencia de muerte» incluso fuera de los tribunales. «En la última década, decenas de personas han sido asesinadas en actos de violencia masiva tras acusaciones de blasfemia», escribe HRW. 

Además, el año pasado se supo de la existencia de una red dedicada a tender trampas en las redes sociales para que sus víctimas compartan contenido que se puede considerar blasfemo contra el islam. Otras veces piratean cuentas y publican ellos mismos el contenido. A continuación lo denuncian y exigen grandes sumas de dinero para retirar los cargos. 

En un informe publicado en octubre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NCHR) se hablaba de unas 450 personas afectadas. Además de los encarcelados, cinco acusados han muerto en prisión. En enero, abogados denunciaron vínculos de la red con el Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), un partido islamista radical. 

Las historias de los afectados revelan la crueldad del sistema. Saeeda Bibi relató a EFE el caso de su hijo, Muhammad Zamzam, ciego. «A pesar de la clara inocencia de mi hijo, que nunca ha usado las redes sociales, los funcionarios pidieron un soborno. Pagamos el rescate, pero mi hijo sigue en la cárcel», lamentó.

En la cárcel de Adiala en la ciudad de Rawalpindi, un joven de 21 años lleva dos años esperando justicia. Su hermano contó a EFE, bajo anonimato, cómo fue engañado por una chica en Facebook para que compartiera una caligrafía «sin saber que contenía material considerado ofensivo para el islam», según su relato.

En declaraciones a Vatican News, el abogado cristiano Khalil Tahir Sandhu critica que «los ciudadanos paquistaníes de fe cristiana siguen sufriendo los efectos nocivos» de estas normas. Incluso cuando son absueltos, no reciben ninguna reparación por haber pasado «muchos años en la cárcel» y haberse visto sus familias «en serias dificultades».